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Con el fin de destrabar el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad y le otorga otras atribuciones a la cartera que dirige Tohá, el Ejecutivo propuso que "las nuevas tareas que asumiría el Ministerio del Interior se apliquen a contar del próximo período presidencial”. En tanto, ayer la presidenta de la Cámara dio sus primeros pasos para retomar la agenda de seguridad, tal como se lo exigía la oposición.

La Moneda propuso dotar de más potestades políticas a Interior en compensación por las responsabilidades de seguridad que serán traspasadas a una nueva cartera. Sin embargo, el ministro de la Segpres señaló que "el gobierno tiene toda la disposición para que las nuevas tareas que asumiría el Ministerio del Interior se apliquen a contar del próximo período presidencial”.

La ministra apuesta a que el Ministerio de Seguridad quede listo hoy para ser votado en la sala de la Cámara. El último aspecto pendiente en la comisión de diputados es resolver cuáles serán las nuevas atribuciones de Interior. En la oposición hay suspicacias, ya que Tohá estrenaría ese mayor poder político.

La iniciativa actualmente se encuentra en la Comisión de Seguridad de la Cámara. Sin embargo, ayer volvieron a aflorar las diferencias por el diseño que tendrá esta nueva cartera a nivel regional y a quién se le entregarán las facultades de seguridad y de orden público en cada región.

La iniciativa, aprobada en junio pasado en el Senado, actualmente se encuentra trabada en la Comisión de Seguridad de la Cámara, siendo el principal nudo la forma en cómo se aplicará este ministerio a nivel regional, y a quién se le entregarán las facultades de seguridad y de orden público en cada territorio.

El grupo -que incluyó legisladores de RN, Amarillos, PS, UDI más independientes-, describió que la relación con Ricardo Yáñez ha sido de colaboración y sostuvo que este momento requiere "cohesión institucional".

El titular de la Segpres salió a responder al oficio enviado -tras solicitud UDI- por la Comisión de Seguridad de la Cámara a los Ministerios de Interior y Secretaría General de Gobierno que buscaba conocer la fecha de promulgación de la legislación, que fue despachada hace dos semanas.

Tras la votación, el trámite en la instancia se entendió por cumplido. “Este proyecto de ley, a pesar del veto, es un gran avance”, afirmó el presidente de la comisión, Felipe Kast. Oposición anunció una nueva iniciativa una vez finalizado el trámite.

El militante de Evópoli y parlamentario por la Región de La Araucanía advirtió que “el ánimo después de la decisión de ellos no es el mismo", con respecto a la agenda de seguridad que se discute en esa instancia legislativa. En la mañana desde el gobierno las ministras Carolina Tohá y Camila Vallejo salieron a defender la decisión del Ejecutivo.

El objetivo esencial del proyecto era dar una pena de privación de libertad a la ocupación ilegal. La discordia se generó por una medida que permite a civiles usar la fuerza para recobrar, por su cuenta, sus terrenos, sus casas o sus departamentos, en cualquier momento.

Este miércoles, la Cámara Alta propinó una nueva derrota a La Moneda al aprobar la iniciativa contra las ocupaciones de terrenos. “Así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo", dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La Cámara de Diputados visó este martes -con las fuerzas parlamentarias de los partidos del Ejecutivo divididas y desordenadas- el texto impulsado por la derecha. En el PPD cuestionaron el descuelgue del PC y el Frente Amplio. "Uno espera gestos mínimos de lealtad y que tengan la decencia para cumplir la palabra y que no nos expongan al ridículo”, dijo el diputado Jaime Araya (PPD-indep.), quien advirtió que su bancada también podría quedar en libertad de acción para votar la reforma de pensiones.

El parlamentario de RN asumirá la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja y critica al Ejecutivo por la agenda desplegada.

El Ejecutivo ingresó indicaciones que buscaban considerar la precariedad económica de quienes realicen tomas o usurpaciones, normas sobre catastro anual de campamentos y revertir el denominado “autotutelaje”.

Casi dos tercios de los diputados de la alianza gubernamental votaron en contra de la idea de legislar de esta iniciativa a pesar de la posición de La Moneda. Esta era la segunda señal de advertencia de las bancadas de Apruebo Dignidad en contra de las iniciativas que ha promovido la ministra del Interior.