El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acordó este jueves iniciar una investigación internacional sobre los crímenes cometidos durante el conflicto de 11 días entre Israel y el grupo islamista Hamas en Gaza.

Por 24 votos a favor, nueve en contra y 14 abstenciones, el foro de 47 miembros adoptó una resolución presentada por la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y la delegación palestina ante las Naciones Unidas. Entre los países que rechazaron la resolución se encuentran Reino Unido, Alemania, Austria y Uruguay. Mientras que entre las abstenciones se encuentran Francia, Holanda, Japón, India Brasil e Italia.

Al dirigirse a la sesión especial del consejo, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, dijo que los ataques mortales de Israel en Gaza podrían constituir “crímenes de guerra” y que Hamas había “violado el derecho internacional humanitario al disparar cohetes contra Israel”.

“Pese a las afirmaciones de Israel que asegura que numerosos de estos edificios acogían a grupos armados o eran usados con fines militares, no hemos visto pruebas al respecto”, indicó Bachelet en la apertura de la sesión extraordinaria.

El 21 de mayo, Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un cese el fuego, poniendo fin así a las hostilidades que comenzaron el 10 de mayo. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, hasta el 27 de mayo murieron 256 palestinos, incluidos 66 niños y 40 mujeres, de los cuales se creía que 128 eran civiles. Alrededor de 245, incluidos 63 niños, aparentemente fueron asesinados por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Casi 2.000 palestinos resultaron heridos durante las hostilidades, incluidos más de 600 niños y 400 mujeres, algunos de los cuales presentan lesiones graves y pueden sufrir una discapacidad a largo plazo que requiera rehabilitación.

Por el lado israelí, 12 personas murieron, entre ellos dos menores, producto de los cohetes lanzados por Hamas.

Se trata de la primera vez que el consejo crea una misión permanente de investigación respecto de cualquier Estado miembro de la ONU. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel declaró de inmediato que no tenía intención de cooperar con la investigación. “Israel rechaza con disgusto la decisión adoptada hoy por el Consejo de Derechos Humanos, un organismo hipócrita con una mayoría antiisraelí incorporada”, dijo el comunicado.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró: “La vergonzosa decisión de hoy es otro ejemplo de la flagrante obsesión antiisraelí del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Una vez más, una mayoría automática inmoral en el consejo encubre una organización terrorista genocida que ataca deliberadamente a civiles israelíes mientras convierte a los civiles de Gaza en escudos humanos”.

La decisión también autoriza al comité a cubrir posibles violaciones de derechos humanos en el propio Israel, incluida la violencia en ciudades mixtas. Por lo tanto, el comité podrá investigar las escaladas a partir del 13 de abril, con el fin de cubrir los eventos en el barrio de Sheikh Jarrah y en el Monte del Templo, en Jerusalén Este.

El texto “insta a todos los Estados a abstenerse de transferir armas cuando evalúen, de conformidad con los procedimientos nacionales aplicables y las obligaciones y normas internacionales, que existe un riesgo claro de que esas armas puedan utilizarse en la comisión o facilitación de violaciones o abusos graves del derecho internacional de los derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario”. El consejo pide anualmente un embargo de armas contra Israel. Su inserción se suma a ese texto anual.

La resolución real no menciona a Israel ni a Hamas y, en cambio, habla de aquellos que violan el derecho internacional, de modo que la comisión de investigación podría decidir investigar tanto los lados israelíes como palestinos.

Las decisiones del comité no tienen valor legal en sí mismas, pero sus conclusiones pueden ser utilizadas posteriormente por tribunales u otros organismos internacionales. En marzo, por ejemplo, la Corte Penal Internacional de Justicia (CPI) anunció que abrirá una investigación formal por presuntos crímenes de guerra en los territorios palestinos. Serán objeto de indagación tanto las fuerzas militares israelíes como Hamas, que controla la Franja de Gaza. El gobierno de Israel rechazó la medida al calificarla como una “decisión política”, mientras que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ofreció cooperar durante las pesquisas.

En su cuenta de Twitter, el Presidente de Israel, Reuven Rivlin, señaló que “el mundo se puso patas arriba. En lugar de que el mundo libre se pronuncie claramente contra Hamas y sus líderes terroristas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU toma una decisión inexplicable contra los ciudadanos israelíes que se enfrentaron al disparo criminal de miles de misiles contra civiles inocentes”.

Estados Unidos, por su parte, dijo que lamenta profundamente la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de iniciar una investigación internacional sobre los crímenes que pueden haberse cometido en el conflicto entre Israel y los palestinos. “La acción de hoy, en cambio, amenaza con poner en peligro el progreso que se ha logrado”, indicó el comunicado emitido por la misión estadounidense ante la ONU en Ginebra.

Washington, el aliado más cercano de Israel, no se inscribió para dirigirse al consejo, donde tiene estatus de observador, aparentemente para evitar la novena sesión celebrada sobre Gaza desde 2006, indicó el diario israelí Haaretz. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, terminó este jueves una gira de dos días por Medio Oriente, para abordar el conflicto. El miércoles se reunió con el Presidente de Egipto, Abdelfatah Al Sisi, y el rey de Jordania, Abdala II, con quienes abordó la necesidad de enviar asistencia humanitaria y reconstruir Gaza, así como los “pasos” a seguir para “reducir las tensiones” en la región en el marco del conflicto palestino-israelí.

Blinken se reunió el martes con el Presidente israelí, Reuven Rivlin, a quien felicitó en Twitter por su “promoción de la coexistencia, la tolerancia y la paz”, y también tuvo un encuentro con el premier israelí Benjamin Netanyahu. En Ramala, en Cisjordania, se reunió con el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y anunció la decisión de Washington de reabrir el consulado de su país en Jerusalén.

El ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad al Maliki, participó en la reunión a distancia y acusó a Israel de haber instaurado un “régimen de apartheid basado en la opresión del pueblo palestino” y su “desplazamiento forzado”. También reivindicó el derecho de los palestinos de “resistir ante la ocupación” y dijo que los “colonos (israelíes) tendrían que estar en la lista de terroristas”.

“Lamentablemente, los autoproclamados campeones mundiales de los derechos humanos continúan protegiendo al ocupante de la rendición de cuentas mundial y, literalmente, proporcionan armas y municiones para sus crímenes de guerra y los crímenes de apartheid contra el pueblo palestino ampliamente denunciados”, dijo Khalil Hashmi, embajador de Pakistán ante la OCI.

La decisión del consejo se conoce un mes después de que la organización Human Rights Watch lanzara el reporte Un Umbral Cruzado, donde se califica de “apartheid” la política de Israel hacia su propia población árabe y los palestinos, una acusación denunciada por el gobierno israelí.

“Basándose en sus investigaciones, Human Rights Watch concluye que el gobierno israelí mantiene una dominación deliberada de la población judía israelí sobre los palestinos en todo Israel y los territorios ocupados”, señala el reporte del 27 de abril pasado.

En esa línea, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, advirtió el domingo que si “se llegaba a una solución diferente a la de dos Estados, habría ingredientes para un apartheid que durará mucho tiempo”. “El riesgo de apartheid es fuerte si se sigue caminando hacia la lógica de un Estado o de un statu quo”, añadió.

Esto provocó la indignación del gobierno de Netanyahu. El jefe de la diplomacia israelí, Gabi Ashkenazy, le reprochó al embajador de Francia en Israel, Éric Danon, que las declaraciones del ministro eran “inaceptables y sin fundamento”.

“Israel es el faro de la democracia en nuestra región, la única democracia verdadera en nuestra región; esto siempre ha sido y siempre será, y no toleraremos ningún sermón sobre este tema”, dijo Netanyahu.

El diario Haaretz señaló que el controvertido tema del apartheid en los territorios palestinos resurgió a principios de este año, después de que tanto B’Tselem, el principal grupo israelí de derechos humanos, como Human Rights Watch, publicaron informes que afirman que Israel es un Estado de apartheid.

El apartheid es considerado un crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional. La definición tiene tres elementos: la intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro, opresión sistemática del grupo y actos inhumanos.

“La narrativa que ha predominado hasta esta fecha, de que básicamente lo que existe en Israel y en el territorio ocupado palestino es un conflicto que lo único que necesita es un proceso de paz, es totalmente insuficiente ante la no existencia de un proceso de paz. No se puede seguir simplemente aplastando la situación dramática de los derechos humanos de millones de palestinos, que muchos de ellos sufren a diario estas formas de persecución y discriminación, que en distintos lugares y distintas formas pueden constituir los crímenes de apartheid y persecución”, indicó a La Tercera el director ejecutivo adjunto de defensa de Human Rights Watch, Bruno Stagno, quien participó en el reporte.