Un importante fiscal haitiano pidió el martes a un juez que acusara al primer ministro Ariel Henry en relación con el asesinato en julio del Presidente Jovenel Moïse, lo que llevó al primer ministro a responder despidiendo al fiscal, los últimos giros en un drama de asesinato sin resolver que probablemente agravará el caos político del país.

El fiscal, Bed-Ford Claude, le dijo al juez Garry Orélien en una carta que había pruebas suficientes para ordenar la acusación inmediata de Henry. También solicitó que las autoridades de inmigración impidan que Henry abandone el país.

“Hay suficientes elementos comprometedores... para procesar a Henry y exigir su acusación directa”, escribió Claude.

El primer ministro despidió al fiscal horas después, redactando una carta propia que lo relevó de sus funciones por “faltas administrativas graves”.

Según el fiscal, el primer ministro mantuvo dos llamadas telefónicas en las horas posteriores al asesinato con un sospechoso clave en la muerte, el exfuncionario del Ministerio de Justicia Joseph Felix Badio. Claude dijo que Badio, quien es un prófugo y cuyo paradero se desconoce, llamó al primer ministro desde las inmediaciones del asesinato.

Henry no respondió a las llamadas en busca de comentarios. En mensajes de Twitter publicados el sábado, un día después de que Claude le pidiera que testificara en el caso, el primer ministro negó cualquier vínculo con el asesinato.

“Quiero decirles a los que aún no han entendido, que las maniobras de distracción para sembrar confusión y evitar que la justicia haga su trabajo con serenidad, no tendrán éxito”, dijo.

“Los verdaderos culpables, los autores intelectuales y los partidarios del odioso asesinato del Presidente Jovenel Moïse serán identificados, llevados ante la justicia y castigados por su atroz crimen”, agregó.

Según la ley haitiana, un primer ministro en funciones no puede ser arrestado incluso si el juez acepta que hay pruebas en su contra y emite una orden de arresto, según Yves Emmanuel Adeclat, un destacado abogado de Puerto Príncipe. Agregó que solo el presidente de Haití puede autorizar el arresto del primer ministro, pero Haití no tiene presidente después del asesinato de Moïse.

Sin embargo, varios analistas políticos dijeron que las acusaciones son parte de una lucha de poder más amplia dentro del país entre los partidarios de Henry y los que respaldaron al fallecido presidente.

“Está bastante claro que tuvo una lucha de poder en el gabinete”, dijo Robert Fatton, un experto en Haití de la Universidad de Virginia. Durante el fin de semana, Henry firmó un amplio acuerdo con 169 grupos políticos y cívicos haitianos que lo pusieron en control de Haití hasta que se celebrarían elecciones a fines de 2022. “Henry parecía ser la persona más poderosa del país”.

Pero las acusaciones pusieron a Henry en una situación difícil. “No se puede ser primer ministro con ese tipo de acusación en el aire, que estuvo involucrado en el asesinato del presidente anterior, cuando él lo nombró”, dijo.

Fatton dijo que no creía que el primer ministro, un neurocirujano, estuviera relacionado con el crimen, y lo describió como una persona que no tenía reputación de ser violento.

La Oficina de Protección Ciudadana de Haití, una oficina similar a un defensor del pueblo diseñada para garantizar el buen gobierno, pidió el lunes que Henry dimita mientras se aclaran las acusaciones sobre las llamadas telefónicas e instó a la comunidad internacional a retirar su reconocimiento a Henry.

El mismo día, el ministro de Justicia haitiano, Rockfeller Vincent, pidió a la policía haitiana que ayudara a proporcionar guardaespaldas al Claude, el fiscal, diciendo que había recibido amenazas.

La policía haitiana ha implicado a unas 40 personas en el complot de asesinato, incluidas unas dos docenas de mercenarios colombianos, políticos haitianos, empresarios de Miami y varios miembros del equipo de seguridad de Moïse. Pero la investigación ha generado más respuestas hasta ahora de las que ha respondido.

Moïse había nombrado a Henry como primer ministro el día antes de su muerte, aunque Henry aún no había asumido el cargo. Se convirtió en primer ministro el 20 de julio después de que el entonces primer ministro en funciones, Claude Joseph, se hiciera a un lado como parte de un amplio acuerdo político alentado por Estados Unidos y otras potencias.

Badio, quien fue despedido de su cargo en la agencia anticorrupción del país en mayo, se ha convertido en una figura central en la investigación del asesinato. A fines de julio, la policía haitiana emitió una orden de arresto en su contra por cargos de asesinato y robo a mano armada contra el difunto presidente.

El jefe de la Policía Nacional de Colombia también ha afirmado que Badio fue un actor clave en el asesinato. El general Jorge Vargas, jefe de la Policía Nacional, dijo recientemente que sus investigaciones sugerían que Badio les había dicho a dos mercenarios colombianos que mataran al presidente. El general Vargas no dio más detalles sobre la evidencia.

En una carta el viernes, el fiscal de Puerto Príncipe, Claude, le pidió a Henry que testificara sobre sus llamadas telefónicas a Badio. Pero el lunes, Henry intentó despedir a Claude y a otros dos altos funcionarios, según una persona con conocimiento del evento. No pudo hacerlo porque solo el presidente puede despedir a los funcionarios, dijo esta persona, citando la Constitución de Haití.

Las llamadas telefónicas fueron reveladas por primera vez por un grupo líder de derechos humanos. Henry, que anteriormente había defendido a Badio en comentarios a una estación de radio, no ha abordado el tema de las llamadas telefónicas.

Algunos analistas dijeron que la decisión de ir en contra de Henry tenía más que ver con una lucha de poder que con la búsqueda de justicia. “Todo esto es política”, dijo Gedeon Jean, director del sin fines de lucro Centro para el Análisis e Investigación de Derechos Humanos en Puerto Príncipe.

Desde el principio, la investigación sobre el asesinato de Moïse ha sido problemática. El primer juez que supervisaba la investigación dijo que no tenía apoyo suficiente para llevar a cabo la investigación y renunció. El juez dimitió menos de dos días después del asesinato de uno de sus asistentes. Varios secretarios judiciales involucrados en la investigación también se han escondido después de afirmar que habían sido amenazados.